ASOCIACIÓN CIVIL ENCUENTRA IRREGULARIDADES EN LOS GOBIERNOS DE PUERTO MORELOS Y TULUM

La Organización ciudadana realiza estudio sobre el excesivo gasto en la nómina de la actual administración del Municipio de Puerto Morelos; Laura Fernández incumple con estándares de INAFED, duplica nómina y provoca un aumento del 107% en gasto público por ese rubro.

Por otro lado, descubrió que la Tesorería Municipal de Tulum no esta facultada para cobro del derecho de Promoción y Publicidad Turística: Transparencia por Quintana Roo, A.C, pero pese a ello lo realiza.

Playa del Carmen Q. Roo a 12 de marzo del 2018.- En reciente investigación la organización ciudadana Transparencia por Quintana Roo, A.C., observó anomalías en el gasto de nómina de la actual administración del Municipio de Puerto Morelos concluyendo que éste, es excesivo e incumple con los estándares del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, por sus siglas INAFED.

El estudio sustenta su dicho en lo que establece el INAFED; instancia que depende de la Secretaria de Gobernación, cuyo propósito es brindar apoyo a los municipios para el mejor desempeño de sus funciones, además de ser el responsable del Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” por sus siglas ADM, que fija criterios para un mejor ejercicio de gobierno.

Así mismo, según el “Programa Municipal Puerto Morelos 2016-2018”, el municipio de reciente creación y encabezado por Laura Fernández Piña, contempla la implementación de dicho programa federal, el de ADM, del que se desprende el eje de “Desarrollo Institucional”, que determina el porcentaje de dependencias municipales en función de un “Organigrama Óptimo”.

De acuerdo al análisis de TxQroo y según lo que propone el “Organigrama Óptimo”, a un Municipio de hasta 200,000 mil habitantes le corresponde tener 11 dependencias, Fernández Piña creó 27. Esto excede en un 147% lo establecido por INAFED tomando como base la población total del Municipio de Puerto Morelos que es de aproximadamente 37, 099 habitantes (COESPO 2015).

Así mismo, dicho Programa Federal -al cual el Municipio de Puerto Morelos está suscrito- recomienda que, por ejemplo, municipios con 50,000 habitantes deberían tener un promedio de 400 empleados y en el Portal de Transparencia del Municipio de Puerto Morelos, están declarados 778, lo cual excede en un 94% el número de trabajadores contratados.

Para mayor evidencia basta revisar el gasto designado a nóminas, pues de la información pública del Portal de Transparencia del Municipio, las cifras son: en el 2016 los pagos por nómina fueron de $88´697,974 pesos, para 2017 se reportan $183´753, 561 pesos, por tanto, entre 2016 y 2017 hubo un incremento de $95´055,568 pesos, lo que representa 107 % de más en gasto por nómina

Entonces, si tomamos en consideración los criterios de los programas federales citados, con esos datos nos podemos preguntar ¿Porque el Gobierno de Fernández Piña no contempló para la constitución de su Gobierno los estándares de INAFED si la población es menor a 38 mil habitantes?

De acuerdo a lo que el estudio revela, es evidente el incumplimiento ante el principio de legalidad, pues incumplen tanto con lo que establece INAFED en el “Programa Agenda para el Desarrollo Municipal”, como a su propio “Plan Municipal de Desarrollo” y su “Programa Municipal Puerto Morelos 2016-2018”, toda vez que fueron aprobados por el propio Cabildo, siendo así disposiciones normativas, y obligaciones a cumplir.

 

CASO TULUM

Por otro lado, y en el caso de Puerto Morelos, los comunicados de la organización explican que al realizar una revisión profunda de la Ley de Hacienda de Tulum, Transparencia por Quintana Roo, A.C., identificó irregularidades en el cobro del derecho de Promoción y Publicidad Turística.

Según lo que la asociación ciudadana señala y con base en los Artículos 86 y 87 de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, el cobro por este derecho no debe ser un requisito para contar con una licencia o renovación de la misma, aun así, ¿Por qué se está haciendo y porque es arbitrario?

Para empezar, la Ley sustenta la forma del cobro así: el pago equivalente al 4% o 9% del total anual por concepto del derecho de “Alumbrado Público” según el giro y los tiempos fiscales que correspondan, sin embargo, el cobro del derecho de Alumbrado Público (DAP) lo hace directamente la Comisión Federal de Electricidad por lo que es difícil conocer el cálculo exacto por consumidor para fundamentar la base del “DAP”.

De acuerdo al análisis jurídico “…este cobro está estipulado en el Capítulo XXI, del Título Tercero de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, este concepto de derecho debería ser recaudado de manera diversa y no como un requisito para la tramitación de Licencia de Funcionamiento o su refrendo”.

Por otro lado, en la recién publicada Ley de Ingresos de Tulum para el ejercicio fiscal 2018, se ha estimado este derecho con un ingreso de $00.00 pesos. Dejando la actual Administración Municipal en total estado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes tulumenses, pues no se ha proporcionado, ni publicado información que de una estimación del monto del pago y mucho menos se ha hecho referencia alguna del DAP anterior que sirve de base para la estimación de dicho cobro.

 

 

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